Con este reparto, tres tienen respuesta corta. Y la quinta hay que hacerla con más cuidado que en ninguna.
Dónde viven las grabaciones: en tu instalación, en tu disco, y eso resuelve media conversación con el departamento legal. Fuera están los usuarios, los permisos, el estado de los equipos y la vía por la que se entra a ver — y por esa vía se ve el vídeo, así que el proveedor tiene por diseño una puerta de administración. Permisos mínimos, doble factor y registro de accesos visible: lo mismo que en las demás.
Si se cae la línea se sigue grabando todo en la sede, sin perder nada, porque el grabador no necesita la nube para trabajar. Lo que se cae es la gestión y el acceso desde fuera. Para sitios con conexiones malas, ése es el argumento principal.
El coste de subir vídeo: pequeño y previsible, porque no se sube el vídeo. Suben datos de estado y miniaturas, y vídeo cuando alguien mira o cuando se haya configurado copia de algo concreto. Una sede con línea modesta aguanta esto, lo que con muchas sedes pequeñas no es un detalle menor.
RGPD y transferencias internacionales: hay menos superficie que en una nube pura porque las imágenes no se almacenan fuera, y sigue habiendo tratamiento —cuentas, registros de acceso, metadatos y la posibilidad de visualizar a través del servicio—. Pide lo de siempre: contrato de encargado, garantías de la transferencia, región por escrito e información a la plantilla.
Y la dependencia, que aquí hay que preguntar mejor: ¿qué pasa con el equipo de la sede si se deja el servicio? ¿Sigue grabando? ¿Se puede entrar a verlo y a exportar en local, sin la nube, y con qué funciones? Esa respuesta hay que tenerla del fabricante, por escrito, antes de comprar. Del lado bueno: las cámaras son estándar y se quedan.