Términos legales
Tres documentos en uno: el aviso legal, la política de privacidad y la política de cookies. Escritos para que se entiendan, no para que no se lean.
Un aviso legal es un documento obligatorio y suele estar escrito para cumplir, no para informar. Éste intenta las dos cosas: cada apartado dice primero qué significa en castellano y después lo que tiene que decir.
Si sólo quieres saber una cosa, probablemente sea una de estas tres: quién está detrás de esta web, qué pasa con lo que escribes en el formulario de contacto, y qué guarda esta web en tu navegador. Están en ese orden, y el pie de cualquier página del sitio tiene un enlace directo a cada una.
La ley permite —y la Agencia Española de Protección de Datos recomienda— informar por capas: una primera capa corta junto al formulario, donde se decide, y una segunda capa completa que es esta página. Por eso la casilla del formulario dice lo esencial en dos líneas y enlaza aquí: lo esencial tiene que caber donde se firma, y el detalle tiene que estar donde se pueda consultar.
Los veintisiete apartados van en el orden en que surgen las preguntas. Del 1 al 10 es el aviso legal: quién responde, qué se puede hacer en el sitio, de qué responde y de qué no. Del 11 al 21, la privacidad: qué datos, para qué, quién los ve, cuánto se guardan y qué puedes exigir. El 22 son las cookies. Del 23 al 27, lo que cierra un documento así: accesibilidad, reclamaciones, ley aplicable, versiones y —el que casi nunca está— qué falta todavía en este texto.
Una advertencia de lectura que conviene hacer pronto: este documento habla de ESTA WEB. Los sistemas de seguridad y de análisis de vídeo que el grupo diseña, instala y mantiene en las instalaciones de sus clientes son otra cosa, con otro responsable y otra documentación. El apartado 15 explica la diferencia, porque es la confusión más frecuente y la que más consecuencias tiene.
Última actualización: septiembre de 2026. Cuando esto cambie, cambia la fecha.
Upon Group no es una sociedad: es el nombre comercial de tres que trabajan juntas. Y eso importa, porque quien responde de cada cosa es una u otra.
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, se hacen constar los datos identificativos de las entidades titulares de este sitio.
Ese artículo pide que el titular de una web sea identificable sin esfuerzo: denominación, domicilio, datos de inscripción en el registro que corresponda, número de identificación fiscal y un medio de contacto directo y efectivo. No es un formalismo: es lo que permite a cualquiera —un cliente, un competidor, una administración— saber a quién reclama y dónde.
Titular del sitio web y responsable del tratamiento de los datos recogidos a través de él. CIF B66888413. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 39233, folio 0155, hoja 341170, inscripción primera. Domicilio en Av. Martí Pujol 198, entresuelo · 08912 Badalona (Barcelona). Teléfono: 902 02 70 91. Correo: [email protected].
Sociedad del grupo dedicada a la ingeniería, instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad electrónica. Empresa instaladora autorizada nº 3709 e inscrita en el RASIC. CIF: PENDIENTE. Datos registrales: PENDIENTE. Domicilio: Av. Martí Pujol 198, entresuelo · 08912 Badalona (Barcelona).
Sociedad del grupo. CIF: PENDIENTE. Datos registrales: PENDIENTE. Domicilio: Av. Martí Pujol 198, entresuelo · 08912 Badalona (Barcelona).
Porque no los tenemos publicados en ninguna parte del sitio y no se inventan. Un CIF equivocado en un aviso legal no es un detalle: es una identificación falsa del prestador, que es precisamente lo que el artículo 10 existe para evitar.
La palabra «PENDIENTE» se ve a propósito. Un hueco silencioso pasa desapercibido durante años; un marcador visible molesta hasta que alguien lo completa, y eso es exactamente lo que tiene que hacer.
De este sitio web —del contenido publicado, de su mantenimiento y del tratamiento de los datos que se recogen a través del formulario— responde North Point Solution, S.L.
De los trabajos de ingeniería, instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad electrónica responde la sociedad que firme el contrato o el presupuesto correspondiente, que queda identificada en ese documento. Quien contrata una instalación no contrata con «Upon Group»: contrata con una sociedad concreta, con su CIF y su domicilio, y eso consta por escrito antes de empezar.
Si no sabes con cuál de las tres estás tratando, pregúntalo y se te dice. Es una pregunta razonable y tiene una respuesta de una línea.
«Upon Group» es la denominación bajo la que se presentan conjuntamente las tres sociedades. «Infinity Neural», «IRIS Neural», «WestPoint», «Neural Pax» y los nombres de las familias de producto —Black, Lemon, Teal, Rust, Ruby y Grey Neural— son denominaciones comerciales de productos y servicios del grupo.
Un nombre comercial no es una sociedad. Aparece en la web, en los rótulos y en la documentación técnica porque sirve para entenderse, pero quien asume obligaciones es siempre una de las tres sociedades del apartado anterior.
Nombre de dominio: upongroup.com. Este documento se refiere a ese dominio y a sus subdominios. El sitio irisneural.com, al que se enlaza desde varias páginas, tiene su propio aviso legal y su propia política: lo que leas aquí no se le aplica.
Siete términos que la ley usa con un significado exacto y la calle usa con otro. Si se entienden estos siete, el resto del documento se lee solo.
Los nombres de abajo son los del artículo 4 del RGPD. No son jerga gratuita: cada uno reparte responsabilidades de una manera distinta, y confundir dos de ellos cambia quién responde de qué. Por eso están al principio y no en un anexo.
Qué puedes hacer en esta web y qué no. En resumen: leerla y escribirnos.
El acceso a este sitio web y su utilización implican la aceptación de estas condiciones generales. Si no estás de acuerdo con alguna de ellas, no utilices el sitio.
El acceso es gratuito y no exige registro previo. No hay área privada, no hay usuarios, no hay contraseñas y no hay nada que comprar aquí. La navegación no requiere facilitar ningún dato personal; sólo se recogen los que decidas escribir en el formulario de contacto.
Estas condiciones son condiciones generales en el sentido de la Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación: las redacta una parte y la otra las acepta en bloque. Por eso están aquí enteras, en un texto que se puede leer, imprimir y guardar, y no detrás de un enlace que nadie abre.
Te comprometes a utilizar el sitio conforme a la ley, a estas condiciones y a la buena fe, y a no emplearlo para actividades ilícitas, para dañar los sistemas del titular o de terceros, para introducir código malicioso, ni para intentar acceder a áreas restringidas o a datos de otros usuarios.
En particular, y sin que la lista sea cerrada: no suplantar la identidad de otra persona en el formulario; no enviar a través de él contenido ilícito, insultante o publicidad no solicitada; no recolectar direcciones de correo del sitio para enviar mensajes comerciales; no manipular las cabeceras de las peticiones para ocultar el origen; y no someter el sitio a pruebas de carga o de intrusión sin autorización escrita.
Si facilitas datos en el formulario, garantizas que son ciertos y que, si son de otra persona, estás legitimado para darlos y esa persona lo sabe. Es el supuesto que más se pasa por alto: escribir el correo de un compañero «para que lo reciba él» es comunicar sus datos a un tercero, y eso tiene consecuencias que no puede asumir quien los recibe.
Respondes de los daños que cause a las sociedades del grupo el incumplimiento de estas obligaciones. Dicho de otro modo: si alguien usa este formulario para atacar el sitio o para meter a la empresa en un problema legal, el problema es de quien lo hizo.
El titular puede modificar, añadir o retirar contenidos, reorganizar las páginas y cambiar la forma en que se presentan, sin aviso previo. Una web no es un documento cerrado y congelarla no beneficia a nadie.
Eso no se aplica a este documento. Cuando cambie lo que dice esta página, se dice que ha cambiado y desde cuándo, y el apartado 26 explica cómo. Un aviso legal que se modifica en silencio no informa de nada, porque no se puede saber qué se aceptó.
El acceso puede interrumpirse por mantenimiento, por un fallo técnico o porque se detecta un uso contrario a la ley o a estas condiciones. Cuando sea razonablemente posible, se avisará antes.
La extracción automatizada masiva del contenido con fines de reutilización comercial —republicar las páginas, montar con ellas un producto o un servicio de pago— requiere autorización previa y por escrito.
La consulta y la indexación por buscadores y por sistemas de inteligencia artificial están expresamente permitidas: el fichero robots.txt de este sitio lo autoriza de forma explícita, y nombra a los rastreadores de IA uno por uno para que no haya duda. No es un descuido ni una concesión: cada vez más gente pregunta a un asistente en vez de buscar, y una web que bloquea esos rastreadores desaparece de esa conversación.
Que se permita leer no significa que se ceda nada. Un sistema que cite estas páginas puede reproducir fragmentos indicando la fuente, como cualquier otro lector; lo que no puede es presentarlos como propios ni usarlos para ofrecer los mismos servicios bajo otra marca. El apartado 6 lo desarrolla.
Las peticiones automatizadas deben ser razonables. Un rastreador que pide cientos de páginas por segundo deja de ser un lector y se convierte en una sobrecarga, y entonces se le limita el acceso.
Nada de lo que leas aquí es un precio, ni un compromiso, ni una garantía de que en tu instalación se pueda hacer. Lo que vale es un presupuesto firmado.
Este sitio es informativo. No se venden productos ni servicios a través de él, no hay carrito, no hay pagos y no se celebra ningún contrato por vía electrónica. Por eso no aplican las obligaciones de información previa y de confirmación de los artículos 27 y 28 de la LSSI-CE, que rigen cuando un sitio permite contratar: aquí lo único que se puede hacer es pedir que te llamemos.
La información publicada —descripciones de producto, capacidades, casos, detecciones, plazos orientativos, esquemas— tiene carácter divulgativo y no constituye una oferta contractual ni una invitación vinculante a contratar en el sentido del artículo 1262 del Código Civil. No genera por sí misma ninguna obligación para las sociedades del grupo, y el hecho de que una página describa una capacidad no significa que esa capacidad esté disponible en cualquier instalación, con cualquier cámara y en cualquier condición.
Tampoco es asesoramiento técnico. Lo que se puede hacer en una instalación concreta depende de esa instalación: de las cámaras que hay, de dónde están puestas, de la luz, de la red, de la normativa del sector y de qué se quiere conseguir. Eso se dice después de mirarla, no antes, y quien lo diga antes está adivinando.
Un presupuesto, una oferta escrita o un contrato son documentos aparte de esta web. Los firma una sociedad identificada del grupo, llevan su propio objeto, su propio precio, su propio plazo de validez y sus propias condiciones particulares, y son ésos los que obligan.
Si algo dicho en esta web contradice lo que dice un presupuesto o un contrato firmado, manda el presupuesto o el contrato. Esta página no se aplica supletoriamente a una relación comercial: regula el uso de un sitio web, no la prestación de un servicio.
Las condiciones particulares de un proyecto pueden exigir cosas que aquí no aparecen: garantías, plazos de respuesta, niveles de servicio, obligaciones del cliente, reparto de responsabilidades en materia de protección de datos. Nada de eso se puede deducir de una web, y no se debe intentar.
Una solicitud enviada por el formulario no es la aceptación de nada. Es una petición de contacto: obliga a contestarla, y no obliga a más.
Hoy no se envía ninguna. Y cuando se envíe, hará falta que hayas dicho que sí, no que no hayas dicho que no.
El artículo 21 de la LSSI-CE prohíbe enviar publicidad por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente a quien no lo haya solicitado o no lo haya consentido expresamente antes. Es una prohibición, no una recomendación, y el incumplimiento se sanciona con independencia de lo que diga el RGPD.
Hay una sola excepción, la del apartado 2 de ese artículo, y es más estrecha de lo que suele creerse: se puede escribir a quien ya es cliente, si los datos se obtuvieron lícitamente de él en el marco de esa relación, y sólo para ofrecerle productos o servicios similares a los que ya contrató. Ni un cliente de hace diez años, ni un contacto que pidió un presupuesto y no contrató, ni un producto que no tiene nada que ver con el que compró.
Hoy, desde este sitio web no se envían comunicaciones comerciales de ningún tipo: no hay boletín, no hay lista de correo y la casilla del formulario no sirve para suscribirte a nada. Lo que se hace con lo que escribes es contestarte.
Para enviarte comunicaciones comerciales no relacionadas con tu consulta haría falta un consentimiento aparte del de la consulta: una casilla distinta, sin premarcar, que diga qué se te va a enviar y por qué medio. Un consentimiento para ser contactado sobre lo que has preguntado no sirve para mandarte publicidad de otra cosa, porque no es ni específico ni informado.
Cada mensaje comercial llevaría, como exige la ley, la palabra «publicidad» o «publi» de forma claramente identificable, la identidad de quien lo envía por cuenta de quién, y un medio sencillo y gratuito de oponerse: un enlace de un clic, sin pedirte la contraseña de nada y sin hacerte justificar nada.
Para cancelar, bastaría con usar ese enlace o escribir a [email protected] diciendo que no quieres más. La baja es inmediata en el sentido de que no se pide explicación, no se ofrece un «¿seguro?» con tres pantallas y no se reactiva después. El único dato que se conserva entonces es el mínimo para no volver a escribirte por error, que es una finalidad legítima y distinta.
Si recibes un mensaje comercial de alguna sociedad del grupo y no recuerdas haberlo consentido, dilo. Se comprueba en el registro de consentimientos y se te dice qué se encontró — incluido que no se encontró nada, si es el caso.
De quién es lo que hay en esta web, qué se puede hacer con ello y qué hay que pedir antes.
Los textos, el diseño, el código, las marcas, los logotipos, las imágenes, las ilustraciones y los vídeos de este sitio pertenecen a las sociedades del grupo o se utilizan con autorización de su titular, y están protegidos por el Real Decreto Legislativo 1/1996 de propiedad intelectual, por la Ley 17/2001 de marcas y por la normativa europea equivalente.
Se permite la reproducción parcial de los contenidos citando la fuente y enlazando al original. Cualquier otra utilización —reproducción total, distribución, comunicación pública, transformación o uso comercial— requiere autorización previa y por escrito.
No se permite suprimir, alterar ni eludir los avisos de autoría, las marcas de agua ni los mecanismos técnicos de protección que puedan acompañar a un contenido. Tampoco usar las marcas del grupo en publicidad propia, en nombres de dominio, en perfiles de redes sociales o en metadatos de forma que induzca a pensar que existe una relación comercial, una distribución autorizada o un respaldo que no existe.
Buena parte de las ilustraciones de este sitio son dibujos: escenas construidas para explicar qué ve un sistema y dónde se pone una cámara. No son fotografías de instalaciones de clientes ni capturas reales, y las personas, las caras y las matrículas que aparecen en ellas son inventadas. Conviene decirlo porque una lámina que parece una captura se lee como una prueba, y no lo es.
Cuando una imagen sí procede de una instalación real, se publica con autorización de su titular y sin datos identificables de personas ajenas. Si alguna vez crees reconocerte en una imagen de este sitio, dilo: el apartado 10 explica el procedimiento y se atiende.
Los esquemas técnicos, las tablas de capacidades y las listas de detecciones son obra propia y documentan lo que el grupo ha probado. Reproducirlos sin la fuente es presentar como propio un trabajo de verificación que cuesta tiempo y dinero hacer.
Este sitio cita marcas, fabricantes, normas y productos que no son del grupo: fabricantes de cámaras y de equipos de red, plataformas de gestión de vídeo, sistemas operativos, normas ISO y UNE, organismos de certificación. Esas marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.
Se mencionan con finalidad identificativa o descriptiva, que es el uso que permite el artículo 37 de la Ley de Marcas: para decir con qué equipos se integra un sistema, a qué norma responde un trabajo o qué compatibilidad se ha verificado. No implica patrocinio, afiliación, representación ni respaldo por parte de esos titulares, salvo donde se diga expresamente que existe un acuerdo y con qué alcance.
Si eres titular de una marca citada y consideras que el uso excede lo descriptivo, escríbenos. Se revisa y, si tienes razón, se cambia la redacción.
Hoy este sitio no tiene comentarios, ni foros, ni valoraciones, ni ningún espacio donde alguien de fuera pueda publicar. Lo único que se puede enviar es el formulario de contacto, y lo que llega por ahí va a un buzón, no a la web.
Si en el futuro se habilitara algún espacio de publicación, se aplicarían tres reglas, y se dirían en su sitio y no aquí escondidas: quien publica responde de lo que publica y garantiza que tiene derecho a hacerlo; concede al titular una licencia no exclusiva y gratuita para mostrarlo en el sitio, y sólo para eso; y el titular puede retirar lo que sea ilícito, lesivo para un tercero o ajeno al tema, explicando por qué.
Mientras no haya ese espacio, cualquier contenido que parezca escrito por un usuario en esta web es contenido propio. Si un día hay opiniones de clientes publicadas, serán reales, con permiso y atribuidas; no se inventan testimonios.
Este sitio autoriza explícitamente a los rastreadores de los sistemas de inteligencia artificial a leer sus páginas, y lo hace en el robots.txt nombrándolos uno a uno. El contenido está escrito en el HTML que sirve el servidor, y no montado después por JavaScript, justamente para que puedan leerlo: no ejecutan scripts.
La autorización es para leer, indexar y citar con atribución. Es decir: para que cuando alguien pregunte a un asistente qué hace este grupo, o si un sistema puede detectar una cosa determinada, la respuesta pueda salir de lo que aquí se dice y no de lo que diga un tercero.
Lo que esa autorización no incluye es usar el contenido para construir un servicio que sustituya al sitio sin citarlo, ni presentarlo como originado en otra organización, ni reproducir páginas completas como si fueran propias. Un buscador que resume y enlaza es un lector; uno que republica sin fuente no lo es.
Y una advertencia útil para quien llegue aquí desde un asistente: las respuestas generadas por un sistema de inteligencia artificial a partir de estas páginas no son declaraciones del grupo. Si algo importa —un dato, una capacidad, una compatibilidad—, compruébalo en la página o pregúntanoslo.
Lo que se puede garantizar y lo que no. Y aquí se dice de verdad, sin la letra grande en mayúsculas del original.
El titular trabaja para que la información de este sitio sea correcta y esté al día, pero no puede garantizar la ausencia total de errores ni que la información sea exhaustiva para un caso concreto. Nada de lo publicado aquí constituye una oferta contractual ni un asesoramiento técnico o jurídico para una instalación determinada: lo que se pueda hacer en la tuya depende de la tuya, y eso se dice después de mirarla.
Una web de un catálogo amplio tiene siempre una parte desactualizada: un modelo que se dejó de fabricar, una versión que cambió de nombre, una capacidad que mejoró. Si encuentras algo desfasado, avísanos y se corrige; y si un dato es decisivo para una decisión tuya, confírmalo por escrito antes de tomarla.
El titular procura la disponibilidad continuada del sitio, pero no puede garantizar que no se produzcan interrupciones por mantenimiento, fallos técnicos o causas ajenas. No se asumen compromisos de disponibilidad expresados en porcentajes, porque este sitio no es un servicio contratado y un número así no se podría sostener.
Con el alcance que permite la ley, el titular no responde de los daños indirectos, del lucro cesante ni de las pérdidas derivadas de decisiones tomadas únicamente a partir de la información publicada aquí. Esta limitación no se aplica al dolo, a la culpa grave, ni a los supuestos en que la ley la prohíbe — en particular frente a consumidores, donde las cláusulas que limitan derechos reconocidos por el Real Decreto Legislativo 1/2007 son nulas y aquí no se pretende lo contrario.
Este sitio contiene enlaces a páginas de terceros —entre otras, a irisneural.com, a los canales de YouTube del grupo y a páginas de fabricantes, de normas y de organismos oficiales—. El titular no controla los contenidos ni las políticas de esos sitios y no asume responsabilidad sobre ellos. Al seguir un enlace externo, pasas a regirte por las condiciones de ese sitio y por su política de privacidad, no por ésta.
Los enlaces están para ayudarte a encontrar información, y no implican que el grupo respalde todo lo que hay al otro lado, ni que comercialice lo que allí se ofrezca. Conviene tener el mismo cuidado que con cualquier otro sitio de internet.
Si un enlace de esta web lleva a un contenido ilícito, roto o engañoso, dínoslo y se quita. Mantener enlaces muertos es descuido, y mantener enlaces a contenido ilícito es algo más que descuido.
Se pueden establecer enlaces a este sitio desde otras páginas sin autorización previa, siempre que el enlace lleve a la página completa, no reproduzca el contenido dentro de un marco, no dé a entender una relación comercial inexistente y no acompañe a contenidos ilícitos o lesivos.
El enlace puede usar el nombre de la página o el del grupo para identificar el destino: eso es uso descriptivo y es legítimo. Lo que no puede hacer es usar los logotipos ni los elementos de identidad visual del grupo como si fueran los de quien enlaza, ni presentar el contenido enlazado como propio.
El titular puede pedir que se retire un enlace que incumpla lo anterior, y el hecho de que un enlace haya estado activo durante un tiempo no implica que se haya autorizado.
Qué se hace para que esto sea seguro, qué no se puede prometer y qué se espera de quien encuentra un agujero.
El titular aplica medidas técnicas y organizativas para proteger este sitio y la información que se transmite a través de él, entre otras el cifrado del tráfico mediante certificado TLS. Ayuda además una decisión de arquitectura: este sitio se sirve como páginas ya construidas, sin base de datos detrás y sin zona de administración pública, de modo que la mayor parte de los ataques habituales contra una web no tienen aquí dónde entrar.
No obstante, ningún sistema conectado a internet es invulnerable, y el titular no puede garantizar la ausencia absoluta de virus, código malicioso u otros elementos que puedan producir alteraciones en tu equipo, ni la imposibilidad de accesos no autorizados. Quien prometa lo contrario está prometiendo algo que no depende de él.
Conviene que mantengas tu propio equipo al día: un navegador actualizado y un sistema con sus parches evitan más problemas que cualquier cláusula de este documento.
Como usuario, te comprometes a no realizar ninguna acción que comprometa la seguridad del sitio: introducir código malicioso, sobrecargar los sistemas, saltarse medidas de protección o intentar acceder a partes no públicas.
Si detectas una vulnerabilidad, te agradecemos que nos la comuniques antes de divulgarla, escribiendo a [email protected] con lo que hace falta para reproducirla. Te garantizamos que no emprenderemos acciones contra quien la reporte de buena fe, sin explotarla, sin acceder a datos de terceros más allá de lo imprescindible para demostrarla y sin hacerla pública antes de que esté corregida.
No hay programa de recompensas y no se promete uno. Lo que se promete es acusar recibo, decirte si se ha reproducido, corregirlo y contarte cuándo. Y si prefieres que tu nombre conste al publicarlo, constará.
Tres cláusulas cortas que suelen ir juntas y que dicen, las tres, algo parecido: entrar aquí no te da derechos sobre nada, y esto puede dejar de existir.
NO LICENCIA. El acceso al sitio no otorga al usuario licencia, cesión ni derecho alguno sobre los contenidos, las marcas, el software o cualquier otro elemento protegido, más allá del derecho a consultarlos para uso propio. Nada de lo aquí dispuesto puede interpretarse como una cesión implícita de derechos de propiedad intelectual o industrial. Que algo esté publicado y sea accesible no lo hace libre: lo hace público, que es otra cosa.
DENEGACIÓN Y RETIRADA DE ACCESO. El titular se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al sitio, sin previo aviso y sin necesidad de justificación, a quien incumpla estas condiciones. Esta facultad se ejerce de forma proporcionada y no afecta al ejercicio de los derechos que la ley reconoce al usuario, en particular los relativos a sus datos personales: a quien se le bloquea el acceso se le siguen atendiendo sus derechos de acceso, rectificación o supresión igual que a cualquiera.
DURACIÓN Y TERMINACIÓN. La prestación del servicio de este sitio tiene, en principio, duración indefinida. El titular puede dar por terminada, suspender o interrumpir la prestación en cualquier momento, procurando avisarlo con antelación cuando sea posible. La terminación no afecta a las obligaciones ya nacidas ni a las cláusulas que por su naturaleza deban subsistir, como las de propiedad intelectual, responsabilidad y ley aplicable.
Si el sitio dejara de existir, los datos recogidos a través de él no desaparecen con él: siguen sujetos a lo que dice el apartado 13 sobre conservación y a tus derechos del apartado 19, y se conserva una dirección de contacto para ejercerlos.
El procedimiento, y es de verdad: se contesta.
Si consideras que algún contenido de este sitio vulnera tus derechos de propiedad intelectual o industrial, tu derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen o cualquier otro derecho, puedes comunicárnoslo y lo revisaremos.
Escribe a [email protected] indicando: tus datos de contacto; la identificación precisa del contenido que consideras infractor y la dirección exacta donde se encuentra; los motivos por los que crees que vulnera un derecho tuyo; y una declaración de que la información que aportas es veraz y de que eres el titular del derecho o estás autorizado para actuar en su nombre.
Nos comprometemos a acusar recibo, a revisarlo y a responderte. Si la reclamación está fundada, el contenido se retira o se corrige. Y si no lo está, te explicamos por qué en lugar de no contestar.
Los datos que nos facilites en esa comunicación se usan sólo para tramitarla y para poder acreditar, si hiciera falta, que se atendió y cómo. Esa es también la razón por la que se conservan después de cerrarla: sin el expediente no hay forma de demostrar que se actuó con diligencia.
Y al revés, por si acaso: si un tercero introduce contenido ilícito en alguna parte del sitio, el titular colabora con los usuarios, con las autoridades y con las fuerzas y cuerpos de seguridad para retirarlo o bloquearlo, conforme a lo previsto en el artículo 16 de la LSSI-CE. Retirar un contenido a requerimiento de una autoridad competente no es reconocer nada: es cumplir.
En una frase: si nos escribes por el formulario, guardamos lo que nos escribes para contestarte, y nada más.
Este apartado cumple los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 —el RGPD— y la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos y garantía de los derechos digitales. Esos artículos no piden una declaración de buenas intenciones: piden ocho informaciones concretas, y están las ocho, en el orden en que la norma las enumera.
Conviene leerlo junto con el apartado 2, que explica qué significan «responsable», «encargado», «base jurídica» e «interesado». Y con el apartado 12, que baja al detalle del formulario: qué campos hay, cuáles son obligatorios y por qué.
El RGPD no se cumple sólo con una página como ésta. Obliga también a cosas que no se ven desde fuera: llevar un registro de las actividades de tratamiento, analizar el riesgo antes de poner en marcha un tratamiento nuevo y evaluar su impacto cuando ese riesgo es alto, formar a quien maneja datos, y dejar rastro de las decisiones para poder demostrarlas.
El grupo declara mantener ese registro de actividades de tratamiento y realizar evaluaciones de impacto cuando procede, y tiene certificado un sistema de gestión de la privacidad conforme a la norma ISO/IEC 27701, que es precisamente el que obliga a revisarlo con periodicidad y a someterlo a auditoría externa.
Eso no es una garantía de que nunca pase nada: es la diferencia entre una organización que puede demostrar qué hace con los datos y una que tendría que improvisar la respuesta. El apartado 17 detalla las medidas de seguridad, y la página de certificados dice qué está certificado, por quién y con qué alcance.
Es el único sitio de esta web donde se recoge un dato tuyo. Así que aquí está entero: qué se pide, qué es obligatorio, por qué, y qué pasa con lo que escribes.
El formulario de contacto tiene cinco campos y una casilla. Los campos marcados con un asterisco son obligatorios; los demás, no, y dejarlos en blanco no impide enviarlo ni empeora la respuesta.
Esto es un aviso, no una cláusula. Un cuadro de texto abierto invita a contarlo todo, y hay cosas que es mejor no contar por ahí.
No incluyas datos de categorías especiales: salud, origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, afiliación sindical, vida u orientación sexual, datos genéticos o biométricos. El artículo 9 del RGPD los protege de forma reforzada y este formulario no está preparado para recogerlos. Si llegan, no se usan para nada y se suprimen en cuanto se advierten.
No incluyas tampoco contraseñas, claves de acceso, credenciales de ningún sistema, números completos de tarjeta ni documentación confidencial. Nunca se te va a pedir nada de eso por un formulario web, y si alguien te lo pide diciendo que es de parte nuestra, no es de parte nuestra.
Y piensa dos veces antes de escribir datos de otras personas: el nombre y el teléfono de un compañero, la matrícula de un vehículo, los datos de un empleado o de un visitante. Si los facilitas, esa persona tiene derecho a saber que los has dado y a ejercer sus derechos, y quien tiene que informarla eres tú. Para una consulta técnica casi nunca hace falta: describir la situación suele ser suficiente.
Si lo que necesitas enviar son planos, listados o documentación con datos personales dentro, dilo en el mensaje y se te indica una vía adecuada para hacerlo. El formulario no admite adjuntos, y eso es a propósito.
El contenido del formulario se envía a un buzón de correo del grupo y se trata como un correo más: lo lee quien tiene que contestarlo. No se guarda en ninguna base de datos de este sitio web, porque este sitio no tiene base de datos: son páginas ya construidas que se sirven tal cual.
Dentro del grupo, acceden al mensaje las personas que necesitan acceder para responderte —comercial, técnico o administración, según lo que preguntes— y nadie más. El acceso está limitado por necesidad, que es el único criterio que funciona.
Lo que NO se hace con lo que escribes: no se añade a ninguna lista de correo, no se utiliza para enviarte publicidad ajena a tu consulta, no se cede ni se vende a terceros, no se cruza con datos obtenidos de otras fuentes, no se usa para construir un perfil tuyo y no se somete a ninguna decisión automatizada. Si alguna de esas cosas cambiara, cambiaría antes esta página y se te pediría permiso antes de aplicarlo a tus datos.
Si nos escribes directamente a una dirección de correo del grupo en lugar de usar el formulario, se aplica exactamente lo mismo: misma finalidad, mismos plazos, mismos derechos. El medio cambia; el tratamiento, no.
Casi todas las políticas dicen «el tiempo necesario», que no dice nada. Aquí va el criterio, supuesto por supuesto. Sin plazos inventados: los que se digan, se dirán cuando estén confirmados.
El principio que manda es el de limitación del plazo de conservación, del artículo 5.1.e del RGPD: los datos se guardan mientras sirvan para aquello por lo que se recogieron, y después se suprimen o se anonimizan. No existe un plazo único porque no existe un único motivo para guardar.
Y hay un paso intermedio que conviene conocer, porque sorprende: el artículo 32 de la Ley Orgánica 3/2018 obliga a BLOQUEAR los datos en lugar de borrarlos cuando todavía pueden hacer falta para atender una reclamación o una inspección. Bloquear significa reservarlos, impedir su uso y dejarlos accesibles sólo para jueces, autoridades y la propia defensa. Durante ese periodo los datos existen pero no se usan para nada más, y al acabar se destruyen.
Ninguna empresa hace todo por sí misma. Aquí va qué tipo de proveedores intervienen, qué contrato los ata y cómo saber quiénes son exactamente.
Un encargado del tratamiento es quien trata datos por cuenta del responsable siguiendo sus instrucciones, sin decidir nada por su cuenta. Un proveedor de alojamiento lo es: los datos pasan por sus máquinas, pero no son suyos. La diferencia con una cesión es decisiva: en una cesión el que recibe decide; en un encargo, obedece.
No es una relación que se pueda improvisar. El artículo 28 del RGPD exige un contrato escrito con contenido obligatorio, y sin ese contrato pasar datos a un proveedor no es un encargo: es una comunicación de datos sin base jurídica.
El contrato de encargo que exige el artículo 28.3 del RGPD tiene que decir, como mínimo: el objeto y la duración del tratamiento, su naturaleza y finalidad, el tipo de datos y las categorías de personas afectadas, y las obligaciones de las dos partes.
Y obliga al encargado, entre otras cosas, a tratar los datos únicamente siguiendo instrucciones documentadas; a guardar confidencialidad y a que la guarde su personal; a aplicar las medidas de seguridad del artículo 32; a no subcontratar sin autorización y a imponer al subcontratista las mismas obligaciones; a ayudar al responsable cuando alguien ejerce un derecho; a avisar sin dilación si hay una brecha de seguridad; a colaborar en las auditorías; y a devolver o destruir los datos al acabar, sin quedarse copias.
Ese último punto es el que más se olvida y el que más importa al final de una relación con un proveedor: cuando se cambia de servicio, los datos no se quedan donde estaban.
La lista nominal y actualizada de los encargados del tratamiento que intervienen se facilita a quien la pida: escribe a [email protected] y se te da, con el servicio que presta cada uno y el país desde el que lo presta.
Aquí no está publicada todavía, y eso es una carencia, no una decisión: PENDIENTE de confirmar. Publicar una lista de proveedores que al mes siguiente ya no es cierta informa peor que no publicarla; publicarla bien y mantenerla informa mucho mejor que esto. La intención es lo segundo.
Además de los encargados, hay destinatarios que no son encargados y que conviene nombrar: las administraciones públicas, los juzgados y las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando una norma obliga a facilitarles información. Eso no es una cesión voluntaria y no hace falta tu consentimiento, pero sí que lo sepas.
En esta web no hay ninguna. Ni una. Y como el grupo se dedica a sistemas que analizan imágenes, conviene explicar muy bien dónde acaba esta web y dónde empieza lo otro.
El artículo 22 del RGPD da derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado que produzca efectos jurídicos o te afecte significativamente: que un sistema te deniegue un crédito, te descarte de un proceso de selección o te cierre una cuenta sin que intervenga una persona.
En este sitio web no se toma ninguna decisión de ese tipo. Lo que escribes en el formulario lo lee una persona y lo contesta una persona. No hay puntuación automática de contactos, no hay clasificación de tu interés, no hay cálculo de probabilidad de compra y no hay nada que decida por su cuenta qué se hace contigo.
Tampoco se elabora ningún perfil. No se registra qué páginas visitas, no se mide cuánto tiempo pasas en cada una, no se deduce tu sector ni tu cargo, y no se combina lo que escribes con información obtenida de otras fuentes. Esto no es una promesa de buena conducta: es una consecuencia de cómo está hecho el sitio, que no tiene analítica ni instala cookies, y se puede comprobar desde las herramientas de cualquier navegador.
El grupo diseña, instala y mantiene sistemas de videovigilancia, de control de accesos y de análisis de imagen. Esos sistemas sí tratan datos personales, a veces en gran cantidad, y algunos generan avisos a partir de lo que ven. Nada de eso ocurre en esta web ni a partir de los datos de esta web.
Y lo que importa jurídicamente: en una instalación de un cliente, el responsable del tratamiento es EL CLIENTE. Es él quien decide poner cámaras, dónde, para qué, cuánto tiempo guarda las imágenes, quién las ve y a quién informa. A él le corresponde la base jurídica, los carteles informativos, el registro de actividades, la evaluación de impacto cuando proceda y la atención de los derechos de quien aparece en las imágenes.
Las sociedades del grupo actúan allí como proveedor: instalan, configuran y mantienen, y cuando en el curso de ese mantenimiento acceden a imágenes o a datos del sistema lo hacen como encargadas del tratamiento, con contrato de encargo y siguiendo las instrucciones del cliente. No deciden qué se graba ni qué se hace con lo grabado.
Por eso, si apareces en las imágenes de un sistema instalado por el grupo en un aparcamiento, en una fábrica o en un hotel, y quieres ejercer tus derechos sobre esas imágenes, tienes que dirigirte al titular de ese recinto, que es el responsable. Si nos escribes a nosotros, te lo diremos y te ayudaremos a identificarlo, pero no podemos decidir sobre datos que no son nuestros: hacerlo sería precisamente una infracción.
Esta página no documenta esos sistemas. Cada instalación tiene la suya, que redacta el responsable, y la sociedad del grupo que interviene le facilita la información técnica que necesite para hacerlo bien.
Qué significa que unos datos «salgan de Europa», por qué no es sólo cuestión de mover ficheros, y qué pasa hoy aquí.
El capítulo V del RGPD regula qué hace falta para que unos datos personales salgan del Espacio Económico Europeo. La razón es sencilla: un dato que está en un país sin protección equivalente pierde de hecho la protección que la ley le da aquí, porque las garantías no viajan con el fichero.
Y «salir» se entiende de forma amplia. No hace falta enviar nada: que un servidor esté en otro país, o que un técnico de soporte pueda consultar los datos desde allí, ya es una transferencia internacional. El acceso remoto cuenta, y es la forma en que ocurre la mayoría de las veces sin que nadie se dé cuenta.
Cuando hay transferencia, sólo es lícita con una de estas garantías: una decisión de adecuación de la Comisión Europea que declare que ese país protege suficientemente; cláusulas contractuales tipo aprobadas por la Comisión, acompañadas de un análisis de si en la práctica sirven en ese país concreto; normas corporativas vinculantes; o, para casos sueltos, una de las excepciones tasadas del artículo 49, que son estrechas y no sirven para un flujo habitual.
Los datos del formulario se tratan dentro del Espacio Económico Europeo. Si en el futuro algún proveedor implicara una transferencia internacional, se realizará con las garantías del capítulo V y se hará constar en esta página antes de que ocurra, diciendo qué proveedor, a qué país y con qué garantía. PENDIENTE la confirmación documental de dónde están exactamente los servidores del proveedor de alojamiento, que es el dato que cierra este apartado.
Hay una excepción que conviene mirar de frente: los vídeos. Cuando pulsas para reproducir uno, tu navegador se conecta con Google y esa conexión puede implicar un tratamiento de datos tuyos por parte de Google, incluida una transferencia fuera del Espacio Económico Europeo conforme a sus propias garantías y a su propia política. Esa relación es entre tu navegador y Google: no la gobierna este documento y no se puede gobernar desde aquí.
Lo que sí se ha hecho es que no ocurra sin que lo decidas. Los vídeos se sirven desde youtube-nocookie.com y el reproductor no se carga hasta que pulsas. Mientras no pulses, Google no recibe nada de ti desde esta web. Y si prefieres no pulsar, no te pierdes nada que no esté también escrito.
El artículo 32 del RGPD no pide «máxima seguridad»: pide seguridad proporcionada al riesgo. Y eso se puede explicar.
El titular aplica las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, conforme al artículo 32 del RGPD. Entre otras: cifrado del tráfico, control de acceso por necesidad y revisión periódica de quién accede a qué, registro de la actividad, copias de seguridad, y contratos de encargo del tratamiento con los proveedores que tratan datos por cuenta del titular.
A eso se añaden las medidas organizativas, que son las que suelen fallar primero: que el acceso se retire cuando alguien cambia de puesto o deja la empresa, que el personal esté formado y sepa reconocer un intento de fraude por correo, que exista un procedimiento escrito para cuando algo va mal, y que se pruebe de vez en cuando que las copias de seguridad se pueden restaurar de verdad.
Y hay una medida de diseño que vale más que varias de las anteriores: no recoger lo que no se necesita. Este sitio pide dos datos obligatorios, no tiene base de datos, no tiene usuarios y no tiene contraseñas. Lo que no existe no se puede filtrar, y eso es minimización en el sentido del artículo 5.1.c, no austeridad.
Estas medidas forman parte del sistema de gestión de seguridad de la información del grupo, certificado conforme a la norma ISO/IEC 27001 y complementado con la ISO/IEC 27701 para la gestión de la privacidad. Lo relevante de un certificado así no es el sello: es que obliga a revisar, a medir y a pasar una auditoría externa que puede retirarlo. Puedes consultarlo en la página de certificados.
Una violación de la seguridad de los datos personales —una brecha— es cualquier incidente que provoque la destrucción, la pérdida, la alteración, la comunicación o el acceso no autorizado a datos personales. No es sólo un ataque: un correo enviado a quien no debía, un portátil perdido o una copia de seguridad borrada también lo son.
Si se produjera una brecha que suponga un riesgo para tus derechos, se notificará a la autoridad de control en el plazo de setenta y dos horas desde que se tenga constancia, como exige el artículo 33 del RGPD. Y cuando el riesgo sea alto, se te comunicará también a ti, en lenguaje claro y diciendo qué ha pasado, qué datos afectó, qué se está haciendo y qué puedes hacer tú.
Toda brecha se documenta, haya que notificarla o no. Esa documentación es lo que permite aprender de lo que pasó y lo que permite demostrar, si hace falta, por qué se decidió que no procedía notificar.
Un sí que no se puede retirar no es un sí. Así que aquí está cómo se da y cómo se deshace.
El consentimiento se presta marcando de forma activa la casilla del formulario de contacto. No viene premarcada y no se entiende prestado por el mero hecho de navegar: el artículo 4.11 del RGPD exige una manifestación libre, específica, informada e inequívoca, y el silencio no lo es.
Las cuatro palabras de esa definición son cuatro requisitos, y cada uno excluye una práctica concreta. LIBRE: no puede condicionarse el acceso a un contenido a que aceptes un tratamiento que no hace falta para dártelo. ESPECÍFICO: un consentimiento para una cosa no vale para otra, y por eso aquí no hay una casilla única que lo acepte todo. INFORMADO: tienes que poder saber qué aceptas antes de aceptarlo, y de ahí el enlace a esta página. INEQUÍVOCO: hace falta un acto, no una ausencia de acto.
Puedes retirarlo en cualquier momento escribiendo a [email protected], con la misma facilidad con la que lo prestaste y sin tener que explicar por qué. Retirarlo no afecta a la licitud del tratamiento realizado antes de la retirada, y no tiene ninguna consecuencia salvo que dejaremos de contactarte.
Que el consentimiento sea una de las bases jurídicas no significa que lo sea de todo. Si hay un contrato en marcha o una obligación legal que cumplir, retirar el consentimiento no borra esos otros tratamientos, porque no se apoyaban en él. Cuando se te conteste a una retirada, se te dirá exactamente qué deja de hacerse y qué sigue, y con qué base.
Los ocho puntos del apartado 11 los enumeran en una línea. Aquí está qué sirve para qué, porque hay derechos que la gente pide queriendo otro.
Todos se ejercen igual y todos son gratuitos: escribe a [email protected] diciendo qué quieres y aportando algo que permita comprobar que eres tú. No hace falta un formulario especial, no hace falta un motivo y no hace falta un abogado.
Para atender un derecho hay que estar razonablemente seguro de que quien lo pide es quien dice ser: atender una petición de borrado del impostor sería tan grave como no atenderla. Pero la comprobación tiene que ser proporcionada. Normalmente basta con que escribas desde la misma dirección de correo con la que contactaste, o con que indiques datos que permitan localizar tu consulta.
No se exige de entrada una copia del DNI. La Agencia Española de Protección de Datos ha señalado repetidamente que pedir documentación identificativa de forma sistemática es excesivo cuando hay medios menos invasivos, y recoger una copia del DNI para contestar a una petición es recoger más datos de los que se quiere borrar. Sólo se pide identificación adicional si queda una duda razonable, y se dice por qué.
El plazo para contestar es de un mes desde la recepción, conforme al artículo 12.3 del RGPD, prorrogable dos meses más cuando la petición sea compleja o haya muchas, avisándote dentro del primer mes de que se prorroga y por qué. Es un plazo legal y no una estimación nuestra.
Si la petición no se atiende, se te dice en ese mismo plazo por qué no y qué puedes hacer a continuación, incluida la posibilidad de reclamar ante la autoridad de control o de acudir a los tribunales. Una negativa sin motivo no es una respuesta.
Si ejerces un derecho y tus datos también los trata un encargado, se le traslada la instrucción. Por eso el contrato de encargo del apartado 14 incluye ese deber de asistencia: sin él, un borrado se quedaría a medias.
Este sitio no es para menores, no se les pide nada y no se verifica la edad. Las tres cosas son verdad y conviene decir las tres.
El artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018 fija en catorce años la edad a partir de la cual una persona puede consentir por sí misma el tratamiento de sus datos. Por debajo, hace falta el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o la tutela.
Este sitio se dirige a profesionales y organizaciones: responsables de seguridad, de operaciones, de mantenimiento, de compras. No ofrece nada pensado para menores, no hay contenido dirigido a ellos y no se recogen datos de menores de catorce años de forma consciente.
Dicho lo cual, hay que ser honesto sobre el límite: no se verifica la edad de quien envía el formulario, porque no hay forma proporcionada de hacerlo en una web informativa y porque verificarla exigiría recoger muchos más datos de los que se recogen ahora. Afirmar que aquí no puede entrar un menor sería simplemente falso.
Si se detecta que se han facilitado datos de un menor de catorce años sin el consentimiento de quien corresponde, se suprimen. Y si eres padre, madre o tutor y crees que ha ocurrido, escribe a [email protected]: se comprueba, se te dice qué había y se borra sin pedir más explicaciones.
Lo único que esta web enlaza hoy son los canales de YouTube del grupo. Y aun así conviene explicar qué implica interactuar en un sitio que no es nuestro.
Desde este sitio se enlaza al canal de YouTube de Upon Group, en su versión en castellano y en su versión en inglés, donde están publicados los vídeos de casos y de funcionamiento. Si el grupo abre o mantiene perfiles en otras plataformas, se enlazarán desde aquí y se les aplicará lo que dice este apartado.
Lo primero que hay que entender es quién responde de qué. De la plataforma responde la plataforma: es ella la que decide cómo funciona, qué datos recoge de ti, qué cookies instala, qué te recomienda y cuánto guarda. Esa relación se rige por sus condiciones y por su política de privacidad, que tienes que aceptar con ellos y no con nosotros. Nuestro papel ahí es el de quien publica contenido y lee lo que le escriben.
Si sigues un perfil del grupo, comentas, reaccionas o nos mandas un mensaje por esa vía, estás haciendo público o accesible lo que tú has decidido que sea público o accesible en tu configuración de esa red. Nosotros vemos eso y nada más: no tenemos acceso a tu cuenta, a tus contactos ni a lo que has marcado como privado.
Lo que no se hace con esa información: no se extrae para añadirla a ningún fichero, no se cruza con los datos del formulario, no se usa para construir listas de contactos y no se hace seguimiento de lo que publicas en otros sitios. Si de una conversación en una red sale una consulta comercial, se te pide que la continúes por correo, y entonces aplica lo que dice el apartado 12 como a cualquier otra consulta.
Los comentarios en los canales del grupo se moderan: se retira lo ilícito, lo insultante, la publicidad ajena y el contenido que revele datos personales de alguien. Retirar un comentario no es censurar una opinión; dejar publicado el teléfono de un tercero sí es un problema.
Tus derechos sobre los datos que tiene la plataforma se ejercen ante la plataforma, que es quien los tiene. Ante nosotros puedes ejercerlos sobre lo que nosotros tratemos —por ejemplo, un mensaje que nos enviaste por esa vía— escribiendo a [email protected]. Si nos pides algo que no está en nuestra mano, te lo diremos y te indicaremos dónde sí está.
Este sitio se ha auditado página por página. La declaración completa está en su propia página, con los números.
Una web que no se puede usar con un lector de pantalla, con el teclado o con el texto aumentado excluye a gente, y eso no es un detalle de acabado. Las 418 páginas publicadas de este sitio se han revisado una por una contra los criterios de las WCAG 2.2 en nivel AA.
La declaración de accesibilidad dice qué se midió, cómo, qué salió y —lo que casi nunca se escribe— qué no se ha podido comprobar. No se declara conformidad total con nada, porque la conformidad la declara quien audita y no quien construye.
Si te encuentras algo que no puedes usar, dilo: en esa página está cómo, y qué contar para que se pueda reproducir y arreglar. No hay un plazo comprometido, porque no se compromete uno que no se sabe si se puede cumplir, pero sí hay respuesta.
A quién se reclama, en qué orden, y qué vía existe para cada cosa. Porque no es la misma para una factura que para un dato.
La primera vía es siempre la directa, y es la más rápida: escribe a [email protected] contando qué ha pasado. Se acusa recibo, se mira y se contesta, incluso cuando la respuesta es que no se va a hacer lo que pides — en ese caso, explicando por qué. Una reclamación sin contestar es un problema que crece.
Si la reclamación es sobre una instalación, un presupuesto o una factura, el interlocutor es la sociedad que firmó ese documento, y el propio documento suele decir cómo y en qué plazo se tramita una queja. Ésta es una web: no sustituye al contrato.
Para cualquier cuestión de protección de datos puedes dirigirte al delegado de protección de datos de la sociedad correspondiente —pide su contacto en [email protected]— antes de ir a ninguna parte. Esa es su función: revisar, mediar y corregir dentro de la organización.
Y puedes reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (aepd.es), que es la autoridad de control en España. Es un derecho del artículo 77 del RGPD y no hace falta haber reclamado antes a nosotros para ejercerlo. La reclamación se presenta por su sede electrónica, es gratuita, y la Agencia puede requerir información, abrir una investigación y sancionar.
La Agencia tiene además un procedimiento específico y urgente para retirar de internet contenidos que vulneren gravemente derechos, pensado sobre todo para difusión de imágenes sin consentimiento. Se dice aquí porque existe y casi nadie lo sabe.
Y en cualquier caso queda abierta la vía judicial, conforme al artículo 79 del RGPD. Reclamar a la Agencia no la cierra, y acudir a los tribunales no exige pasar antes por ella.
Este sitio y los servicios del grupo se dirigen a empresas, administraciones y profesionales. Pero si contratas como consumidor —es decir, para un fin ajeno a una actividad empresarial o profesional— tienes la protección del Real Decreto Legislativo 1/2007, y nada de este documento la limita. Las cláusulas que pretendieran limitarla serían nulas, y aquí no se pretende.
En ese caso puedes acudir a los servicios municipales de consumo de tu localidad, a la dirección de consumo de tu comunidad autónoma, o al sistema arbitral de consumo si las dos partes lo aceptan.
Dos cosas que se dicen porque la honestidad obliga. Primera: en este sitio no hay publicada ninguna adhesión a un sistema privado de resolución extrajudicial de conflictos ni a ningún código de conducta con sello. Si existiera una, estaría dicha aquí con su enlace, porque adherirse y no decirlo no sirve de nada. Segunda: la obligación de informar de una plataforma europea de resolución de litigios en línea rige para los sitios que permiten contratar en línea, y éste no lo permite — no hay contrato que se celebre aquí, como explica el apartado 4.
Qué ley se aplica y a qué tribunales se va si hay que ir. Corto, porque no tiene más.
Estas condiciones se rigen por la legislación española. Para cualquier controversia que pueda derivarse del acceso o uso de este sitio, las partes se someten a los juzgados y tribunales del domicilio del titular, salvo que la normativa aplicable establezca otro fuero imperativo — en particular, cuando el usuario tenga la condición de consumidor, en cuyo caso será competente el tribunal que corresponda conforme a la ley.
Esa salvedad no es un adorno. Frente a un consumidor, una cláusula que le obligue a pleitear en la ciudad de la empresa es abusiva, y por eso aquí se dice expresamente que no se aplica. Un consumidor con domicilio en España puede ser demandado ante los tribunales de su propio domicilio, y puede demandar allí o donde esté la empresa.
En materia de protección de datos se aplica además el RGPD, que es directamente aplicable en toda la Unión Europea, junto con la Ley Orgánica 3/2018. La autoridad de control competente es la Agencia Española de Protección de Datos.
Si alguna cláusula de este documento fuese declarada nula o inaplicable, el resto permanecerá en vigor, y la cláusula afectada se sustituirá por otra válida que persiga el mismo fin en la medida en que la ley lo permita.
Este documento está redactado en castellano. Si existe una versión en otro idioma y hay discrepancia entre ambas, prevalece la castellana, salvo que la ley aplicable imponga lo contrario en favor del usuario.
Cómo se avisa de un cambio y desde cuándo se aplica. Dicho de otro modo: cómo saber qué versión aceptaste.
Este texto puede actualizarse cuando cambie la normativa, cambien los servicios del sitio o cambien los datos de las sociedades. La fecha de la última actualización está al principio del documento, en el apartado «Cómo leer esto», y es el marcador de versión: si la fecha es la misma, el texto es el mismo.
Un cambio menor —corregir una errata, aclarar una frase, reordenar un párrafo— se publica y se actualiza la fecha. Un cambio sustancial —una finalidad nueva, un destinatario nuevo, la activación de cookies de analítica, un cambio de responsable— se anuncia en el propio sitio antes de aplicarse, y no con efecto retroactivo: lo nuevo rige desde que se publica, no hacia atrás.
Y hay un caso en el que avisar no basta. Si el cambio afecta a un tratamiento que se apoya en tu consentimiento, no se puede aplicar a tus datos por el hecho de haberlo publicado: hace falta pedirte el consentimiento otra vez. Una política de privacidad no se modifica contra quien ya dijo sí a otra cosa.
Aquí no aparece la frase de siempre, «le recomendamos consultar esta página periódicamente, y si sigue usando el sitio acepta los cambios». No es razonable pedirle a nadie que vigile un documento legal por si acaso, y el consentimiento no se obtiene por cansancio. Si algo importante cambia, el sitio lo dirá donde se vea.
Si necesitas saber qué decía exactamente este documento en una fecha anterior, pídelo en [email protected] y se te facilita la versión que estuviera publicada entonces. Esto importa cuando hay que demostrar qué se informó en el momento en que alguien dio un consentimiento.
Un aviso legal incompleto que lo disimula es peor que uno que señala sus huecos. Éstos son los que tiene, y están pedidos.
Faltan el CIF y los datos registrales de West Point Solution, S.L. y de Upon Solution, S.L. Aparecen como PENDIENTE en el apartado 1 y se ven a propósito.
Falta identificar públicamente al proveedor de alojamiento de este sitio y el país donde están sus servidores. De eso dependen dos apartados: el de encargados del tratamiento y el de transferencias internacionales, que hoy dice lo que se sabe y no más.
Falta publicar la lista nominal de encargados del tratamiento. Hoy se facilita a quien la pida, que es lo que la ley exige como mínimo; publicarla es mejor y es la intención.
Falta el contacto directo de los delegados de protección de datos. Existen —lo dice el grupo— y se facilitan a quien los pida, pero un buzón publicado es más fácil de usar que una petición previa.
Faltan los plazos concretos de conservación de cada sociedad. El apartado 13 da el criterio de cada supuesto, que es lo que permite saber si un plazo es razonable; los números se escribirán cuando estén confirmados, y no antes.
Y falta la revisión de un abogado. Este documento está escrito con las normas delante y cubre los apartados que exigen, pero quien responde de un texto legal es quien lo firma. Decirlo aquí no es una coquetería: es la información más útil que puede dar un documento así sobre sí mismo.
Esta página no lo dice todo, y tampoco lo intenta. Lo que tiene su propio sitio, está en su propio sitio.
Empezar
Escribe a [email protected] y te contestamos. Para ejercer cualquiera de tus derechos sobre tus datos, es la misma dirección.
